El mercado de subastas judiciales actual presenta una marcada polarización. Con 1.262 expedientes activos, observamos una saturación en el segmento residencial, que aglutina el 60% de la oferta, junto a una presencia muy relevante de garajes y trasteros. La concentración geográfica es notoria en el arco mediterráneo: Alicante lidera el volumen nacional, superando ampliamente a mercados como Madrid o Barcelona, lo que sugiere una mayor actividad de ejecuciones hipotecarias en esta región.
Aunque la mediana de tasación de las propiedades se sitúa en 142.559 €, existe una dispersión extrema, con tasaciones que oscilan entre los 156 € y los 6,8 millones de euros. Esta heterogeneidad es una señal de alerta para el inversor: un valor de tasación elevado no garantiza liquidez ni viabilidad económica. Es frecuente encontrar activos con cargas registrales no canceladas o situaciones de ocupación que complican la posesión. En este tipo de activos, la clave no es el precio de salida, sino el análisis técnico del edicto para detectar contingencias jurídicas ocultas antes de realizar cualquier puja. La brecha entre el valor de tasación y el precio final de adjudicación suele esconder costes de gestión que reducen drásticamente el margen real.
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